Estas son las 10 MENTIRAS que el MAL Gobierno del Distrito Federal, el Sistema de Transporte Colectivo METRO y las “¿autoridades?” agrarias propagan en su intento por “legalizar” los delitos cometidos para construir la línea 12 en el Ejido de San Francisco Tlaltenco, Tláhuac:
1.- MIENTE EL GOBIERNO CUANDO DICE: “LOS EJIDATARIOS NOS VENDIERON SUS TIERRAS”
VERDAD: El Artículo 27 de la Constitución Mexicana establece que para la venta de tierras ejidales es indispensable el PARCELAMIENTO, sin embargo, dicho requisito es INEXISTENTE en el ejido de Tlaltenco, ya que en su proceso se VIOLARON LOS ARTICULOS 28 y 29 de la Ley Federal Agraria. Por lo tanto, el Ejido de Tlaltenco sigue teniendo estatus colectivo. Toda decisión sobre su destino corresponde a la Asamblea de ejidatari@s, Máxima Autoridad del Ejido. El ex comisario ejidal Juan Carlos Leyte Chavarría nunca convocó a dicha Asamblea para desincorporar las tierras en favor del metro VIOLANDO LOS ARTÍCULOS 14 y 16 de la Constitución Política de México.
¡La “compra-venta” de tierras ejidales es una maniobra ilegal y los cómplices deben ser castigados!
2.- MIENTE EL GOBIERNO CUANDO DICE: “EXPROPIAMOS TIERRAS EJIDALES POR UTILIDAD PÚBLICA”
VERDAD: Al igual que la venta de tierras ejidales, la expropiación requiere la aprobación de la Asamblea de ejidatarios (Arts.14 y 16 de la Constitución Mexicana), lo que nunca ocurrió (véase Amparo Federal 25/ 2009 y 1615/2009 POR EL QUE SE OTORGA “SUSPENSIÓN DE PLANO” DE LAS OBRAS EN TODO EL EJIDO DE TLALTENCO*). De ahí la extrema rapidez y el excesivo uso de la fuerza pública en las tomas de tierras. La “utilidad pública” esgrimida por el gobierno para expropiar propiedades privadas no aplica en el Ejido ya que éste es una “PROPIEDAD SOCIAL” que debe ser respetada.
¡La expropiación es ilegal porque la Asamblea de ejidatari@s nunca fue consultada!
3.-MIENTE EL GOBIERNO CUANDO DICE: “LAS TIERRAS DE TLALTENCO YA NO SON PRODUCTIVAS”
VERDAD: El estudio de impacto ambiental del proyecto línea 12 califica las tierras ejidales como “pastizales sin importancia económica”, ignorando la existencia de milpas, huertos y pequeñas granjas familiares que producen Frijol, Maíz, Calabaza, Hortalizas, Carnes, etc., y proporcionan trabajo a mujeres, jóvenes o jubilados. La visión del gobierno capitalino es propia de un gobierno neoliberal que desconoce el valor de trabajo agrario, la subsistencia y las tradiciones y solo sabe medir con porcentajes y tecnócratas cifras propias de la economía de mercado.
Nada sabe el mal gobierno de la economía local y el valor del trabajo, ni mucho menos de lo que es la solidaridad. Ebrard solo sabe buscar “padrinos” para financiar su carrera presidencial.
4.- MIENTE EL GOBIERNO CUANDO DICE: “EN EL DIÁLOGO, LOS INCONFORMES SOLO PIDEN MEJORES PAGAS”
VERDAD: Marcelo Ebrard nunca ha dado la cara públicamente en Tlaltenco desde que anunció la obra. Ha sabido negociar con unos pocos serviles, criminalizar y tratar de intimidar a la EJIDATARIA que le ganó el amparo de todo el ejido de Tlaltenco, así como al resto de los ejidatarios en lucha.
Ese diálogo NO EXISTE. Ciertos autonombrados “representantes de ejidatarios” se han reunido con funcionarios para NEGOCIAR EL ROBO DE LAS TIERRAS, y “vender bien”, a “buen precio”, pero esos individuos no representan al Ejido. El verdadero clamor de l@s ejidatari@s campesin@s es ¡La tierra no está en venta y se respeta!
¡L@s ejidatari@s y propietarios conscientes no queremos dinero. Queremos defender a la Madre Tierra!
5- MIENTE EL GOBIERNO CUANDO DICE: “SE RESPETAN LOS DERECHOS DE LOS INCONFORMES”
VERDAD: El 5 de agosto de 2009, granaderos y otras fuerzas policíacas toman el Polígono 1 y 2 del ejido de Tlaltenco, desalojando violentamente a una familia que sostenía un Amparo Federal. De estos hechos, el STC Metro activa la demanda por “oposición a obra pública” en contra de un ejidatario que se niega a vender la tierra. Sin pruebas y con errores garrafales, la demanda procede, y en enero de 2011, se le dicta sentencia inculpatoria.
Esto se llama CRIMINALIZAR LA LUCHA y es propio de los gobiernos salinistas neoliberales y capitalistas.
¡Ya Basta de violencia represiva, la defensa de la tierra no es un delito!
6.- MIENTE EL GOBIERNO CUANDO DICE: “EL METRO DESARROLLARÁ LA ECONOMÍA DE TLALTENCO”
VERDAD: Los 20 MIL MILLONES de pesos que alcanza ya el negocio de la línea 12 del metro están en manos de ICA (con representantes muy ligados a Carlos Salinas de Gortari y a cargo de Horcasitas Manjarrez, hermano del Director del Proyecto Línea 12), CARSO (propiedad del multimillonario monopólico Carlos Slim, testaferro de Salinas en la compra de Telmex cuando la privatización telefónica) y en la parte eléctrica Alstom (filial de empresa francesa, la misma acusada de corrupción en el 2000).
Son los grandes supermercados los que se van a beneficiar de la quiebra de mercados y tienditas. La expansión de puentes y avenidas será a costa de la destrucción de casas y terrenos familiares sin indemnizaciones justas. La construcción de condominios colapsará definitivamente los servicios públicos.
¡L@s habitantes de Tlaltenco no vamos a ver un solo peso de las millonarias ganancias de las empresas porque todo se irá al exterior!
7.- MIENTE EL GOBIERNO CUANDO DICE: “LA POBLACIÓN APROBÓ LOS PROYECTOS EN LA CONSULTA CIUDADANA”
VERDAD: La Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal obliga al gobierno a realizar la “Consulta ciudadana” sobre las obras que proyecta, sin embargo fue manipulada a través del acarreo de gente incondicional al gobierno a través de líderes clientelares (asentamientos irregulares). Por otro lado, Marcelo EBRARD VIOLA EL CONVENIO 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Senado de la República en septiembre de 1990, que obliga al estado a CONSULTAR A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS sobre el destino de SU TERRITORIO.
8.-MIENTE EL GOBIERNO CUANDO DICE: “EN TLÁHUAC SE APOYA A L@S CAMPESIN@S”
VERDAD: Los “programas de apoyo al campo” se reducen a migajas repartidas entre los caciques incondicionales al poder, para la mayoría la respuestas es: “no hay presupuesto”. El despojo de la tierra es la única política gubernamental frente al campo en Tláhuac. En Septiembre de 2009, un grupo de invasores de tierras, cercano al gobierno (FPFV-PRD), asesinó a un pequeño propietario de San Pedro Tláhuac al negarse a dejar su tierra. El Ministerio Público no hizo nada ante las amenazas previas que recibió su familia.
9.-MIENTE EL GOBIERNO CUANDO DICE: “NO SE CONSTRUIRÁ EL RELLENO SANITARIO”
VERDAD: El Plan Delegacional de Desarrollo Urbano Tláhuac 2008 autoriza la construcción de diversas megaobras, una de ellas es el CIRE (centro integral de reciclaje y energía). Se trata de un basurero de incineración de plasma en la falda de la Sierra de Santa Catarina, motivo por el cual se cambió el tipo de uso de suelo de “Agrícola” a “Equipamiento rural”. El sistema de operación del CIRE es incineración (quema), confinamiento, y reciclaje mínimo. Se trata de una empresa española que vendría a poner su “avanzada tecnología” a un costo de 8, 149, 7 millones de pesos, enfermedades e intoxicación del ambiente que pagaríamos tod@s nosotr@s.
10.- MIENTE EL GOBIERNO CUANDO DICE: “SOMOS UN GOBIERNO DE IZQUIERDA QUE GOBIERNA PARA EL PUEBLO”
VERDAD: Las “autoridades” delegacionales y centrales impulsan la corrupción en el Ejido de Tlaltenco. El nuevo pretendido comisario ejidal, Roberto Pérez, recibió de la anterior administración ejidal un ACTA DE ASAMBLEA FALSA (Acta del 17 de octubre de 2010). En ella aparece que hubo una asistencia de más de 500 ejidatarios, pero no se presentan sus respectivas firmas. El documento presenta la firma de un funcionario de la Delegación política de Tláhuac, lo que pone de manifiesto el respaldo ilícito que el gobierno perredista da a los agresores del Ejido. Dicha Acta ni siquiera fue registrada en el Registro Agrario Nacional.
¡LAS OBRAS DEL METRO EN EL EJIDO SON ILEGALES!
¡Exigimos el cumplimiento de la ley y su INMEDIATA DEMOLICIÓN!
¡No a la destrucción, si a la Madre Tierra!
Mujeres Agraristas de Tláhuac - Pueblo de Tlaltenco en Defensa de la Tierra
*Página web del Consejo Nacional de la Judicatura. Toda la información vertida es de dominio público
